La historia de Irene: la chica de 12 años con parálisis cerebral que pide ayuda para ir a al escuela

PC

Irene es argentina y tiene 12 años. Producto de una premadurez extrema al nacer, sufre un severo cuadro neurológico. Necesita ayuda para comer, vestirse y bañarse. Y asistir a la escuela.

Sus padres lograron, con interrupciones, proveerle los tratamientos necesarios. A veces, un organismo estatal pagó por los asistentes. Otras veces fueron ellos quienes tuvieron que vender bienes para pagar las cuentas.

Pero en 2015 se quedaron sin fondos. Por eso recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que solicite al Estado argentino que garantice el derecho de Irene a la educación y el desarrollo integral.

La CIDH falló recientemente a favor de Irene. Y ahora el Estado deberá reportar, en 10 días, avances sobre el caso.

Los primeros intentos

Los problemas que sufre Irene son varios: parálisis cerebral distónica, trastornos visuales-auditivos, hipoacusia bilateral, y epilepsia lesional con crisis convulsivas, entre otros.

El cuadro afecta el desarrollo de las áreas visual, auditiva y motora. Por ello, Irene necesita diversos tratamientos médicos para poder aliviar su estado de salud y poder estudiar.

La historia para conseguirlos comenzó en 2005, cuando los padres de Irene presentaron una acción de amparo contra el Instituto Provincial de Atención Médica (en la actualidad APROSS) para que garantizase la cobertura total de las prestaciones mínimas para que Irene alcance su desarrollo integral.

Desde 2011 a 2013, el sistema de apoyos escolares fue cubierto íntegramente por la Obras Social, que gracias a un fallo de 2006 le ordenó a APROSS a cubrir el tratamiento integral de la chica.

Pero en 2014, Irene dejó de recibir la ayuda. APROSS se negó a continuar con los tratamientos. Los padres tuvieron que vender bienes para pagar los acompañantes de Irene e iniciaron una acción legal contra APROSS que sigue abierta.

El fallo del CIDH

En 2015, los padres de Irene se quedaron sin fondos. Pero en agosto de ese año, gracias a la ayuda de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad y al Centro de Justicia y Derecho Internacional, presentaron una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ordene al Estado argentino que asista a Irene.

Ahora, el CIDH falló a favor de Irene e intimó al Gobierno a que garantice el derecho a la educación de esta niña con discapacidad. El Estado argentino tiene 10 días para comunicar los avances del caso.

«La educación tiene un rol esencial en el desarrollo de los niños y las niñas y el Estado tiene la obligación de garantizarles el acceso efectivo. En el caso de Irene, eso se traduce en darle de manera regular los apoyos necesarios para que pueda ir a la escuela», explicó Liliana Tojo, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

 

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