Una ejecutiva de Meta que estaba sentada en el estrado de un pequeño tribunal en Londres la semana pasada, se enfrentó a una pregunta incómoda: ¿acaso su compañía había contribuido al suicidio de una joven de 14 años llamada Molly Russell?
Los videos e imágenes de suicidios, contenido depresivo y de autolesiones que la adolescente vio en los meses antes de su muerte en noviembre de 2017 se mostraron en una pantalla en el tribunal. A la ejecutiva se le leyó una publicación de Instagram a la que Molly le había dado me gusta o había guardado, y luego escuchó cómo esta fue copiada casi palabra por palabra en una nota llena de autodesprecio que sus papás encontraron.
“Aquí vemos cómo Instagram literalmente mete ideas a la mente de Molly”, dijo enfurecido Oliver Sanders, un abogado que representa a la familia, mientras interrogaba a la testigo.
La ejecutiva, Elizabeth Lagone, encargada de las políticas de salud y bienestar de la empresa, se inclinó hacia adelante y respondió: “Yo no sé qué es lo que pasaba por la mente de Molly”.
El forense que supervisa el caso, que en el Reino Unido es una figura de tipo judicial con una autoridad amplia para investigar y determinar de manera oficial la causa de muerte de una persona, fue mucho menos circunspecto. El viernes, dictaminó que Instagram y otras plataformas de redes sociales habían contribuido a su muerte, quizá la primera vez que se culpa legalmente a las empresas de internet por un suicidio.
“Molly Rose Russell murió a causa de un acto de autolesión como consecuencia de la depresión y los efectos negativos del contenido en línea”, afirmó el forense Andrew Walker. En lugar de clasificar oficialmente su muerte como un suicidio, declaró que el internet “afectó su salud mental de una manera negativa y contribuyó a su muerte de una manera que no es mínima”.
