Las reglas de Melanie Riffo, chilena de 22 años, siempre habían sido irregulares. Podía no menstruar durante dos o tres meses. Cuando en 2020 decidió tomar píldoras anticonceptivas pensó que la situación cambiaría. Pero pasado el primer mes no hubo sangrado. Por si acaso, se hizo un test de embarazo que, para su sorpresa y espanto, salió positivo. La pandemia recién trastocaba los planes de medio planeta y sus turnos de cajera en un restaurante de sushi empezaban a disminuir. Ganaba 180 dólares. Su novio, dos años mayor, no ingresaba mucho más. Buscando en internet cómo abortar -en Chile está despenalizado solo en tres causales-, encontraron un tratamiento por 75 dólares. “No me sentía capaz de cuidar a otra persona, pero no confiaba en que realmente me enviarían lo que necesitaba. Me pareció inseguro así que no lo hice”, explica Riffo por teléfono desde Chillán, 400 kilómetros al sur de Santiago, donde vive con su madre y su pequeño de un año y tres meses.
Riffo, que se enteró en Instagram de que sus anticonceptivos eran defectuosos, es una de las más de 200 mujeres que en 2020, durante el Gobierno de Sebastián Piñera, quedaron embarazadas pese a tomar los anticonceptivos Anulette CD, administrados por los servicios de salud pública, y fabricados por los laboratorios Andrómaco y Silesia, de la farmacéutica Grünenthal. La mayoría de las víctimas fueron mujeres de escasos recursos. Dos lotes presentaron fallas en los envases o bien comprimidos de placebo sustituían a los de principio activo, y a la inversa. El Instituto de Salud Pública (ISP), el ente regulador de medicamentos, les impuso una serie de multas por cerca de 92.000 dólares.
Al considerar que el escandaloso episodio era una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las afectadas, la Corporación Miles inició un procedimiento de mediación con el Consejo de Defensa del Estado, que derivó en una compensación económica por parte de los laboratorios a las mujeres. El montante es confidencial. Para las víctimas, la deuda pendiente la tiene el Estado. “Hemos conversado con el actual ministerio de la Mujer y el de Salud. Si en el corto plazo no llegamos a algún acuerdo, vamos a ingresar la demanda que estamos trabajando contra el Estado”, advierte Javiera Canales, directora de Miles Chile, que asesora sobre salud sexual y reproductiva.
“La compensación económica fue una ayuda, pero no era lo que merecíamos. Un hijo, especialmente si no es planeado, implica muchos gastos: acomodar la casa, muebles, ropa, etcétera”, apunta Riffo. “Esperamos que el Estado responda de alguna forma. No han contactado con ninguna. Ni siquiera nos dieron ayuda psicológica, que es algo básico en situaciones así”, agrega. La víctima, que abandonó sus estudios de técnico en enfermería y su trabajo porque “no podía seguir”, fue diagnosticada con depresión durante el embarazo, pero solo recibió dos sesiones en el consultorio. Desbordado en pandemia, no había espacio en la agenda para su caso. “No lo consideraron crítico”, sostiene.
Miles Chile intentó sin éxito llegar a un acuerdo con el Estado que, según la corporación, rechazó la condición mínima de negociación: crear un protocolo estandarizado que obligue a los centros de salud a un registro del número de lote de las píldoras que se entrega a cada usuaria, generar contenido sobre “pasos a seguir” en caso de denegación ilegal de una interrupción voluntaria del embarazo y publicarlo en las páginas web de los centros, y dar atención gratuita en salud mental a las afectadas. En enero, tres instancias de Naciones Unidas llamaron al Estado chileno a “reparar” a las víctimas.
El ministerio de Salud y el de la Mujer del Gobierno de Gabriel Boric anunciaron a mediados de mayo medidas para prevenir fallas en la fabricación, comercialización y entrega de las píldoras. Entre ellas, figura establecer una diferenciación de colores y formas de las pastillas con principio activo y las de placebo (ya ocurre en la mayoría), cambios de rótulo y de folleto, y avanzar en la disminución de puntajes en las compras públicas de los laboratorios sancionados. “Son buenas, pero insuficientes”, estima Canales. “No atacan el problema de fondo: establecer la trazabilidad de las mujeres que consumieron el anticonceptivo defectuoso. La información de los servicios de salud público no está unificada. Mientras eso no ocurra, como mínimo, tiene que haber reparaciones psicológicas, subsidio habitacional o a la educación y cuidado [del hijo]”, apunta.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, aclara a través de un correo electrónico que en “este caso existe una falta de diligencia y de atención de parte de las anteriores autoridades respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. Y asegura que una de las prioridades legislativas es sacar adelante la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, “que lleva cinco años en el Congreso y que busca ser una ley marco que defina los distintos tipos de violencias que hoy sufren las mujeres, tipificando, por ejemplo, la violencia gineco-obstetra”. Desde el ministerio de Salud acusaron problemas de agenda de la ministra por lo que no pudo responder las preguntas de este periódico.
Mayor responsabilidad de los laboratorios
A raíz del caso, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada un proyecto de ley para reformar el código sanitario y establecer una presunción de responsabilidad civil por los daños causados por anticonceptivos defectuosos. La iniciativa incluye una presunción de causalidad siempre y cuando exista un embarazo, el medicamento haya sido declarado defectuoso por el ISP, y la mujer haya tomado el medicamento cuyo número de serie corresponde al del error. De aprobarse el proyecto, explica Canales, el fabricante del medicamento debe probar que no fue este el que le causó el embarazo. Actualmente es la mujer la que debe demostrar que el medicamento estaba defectuoso y que por eso quedó embarazada.
Richard Nevares, gerente general de Grünenthal Chile, quien participó de la sesión, expuso la complejidad que existe en determinar “desde el punto de vista científico que la causa del embarazo no deseado sea por la inefectividad del anticonceptivo oral, ya que hay diversos factores que influyen”. Su primer argumento fue que no son 100% efectivos y enumeró los distintos tipos de defectos: desde mal rotulado hasta composición. A nivel global, la eficacia es de 99,7%, según ensayos clínicos, y del 92% en términos empíricos. Elmer Torres, vicepresidente de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, aseguró que la eventual aprobación del proyecto, “basado en presunciones, puede tener un efecto contraproducente al desincentivar el sistema de alertas y retiros voluntarios”.
Entre los reparos al proyecto de ley, la abogada Carmen Dominguez, experta en responsabilidad civil, alertó en la sesión de que abordar solo los anticonceptivos generaría “una desigualdad de trato respecto de las víctimas y eventuales responsables”. “Otras víctimas de productos defectuosos no van a contar con esta alteración de la carga de la prueba a la hora de tener que acreditar la responsabilidad civil”, afirmó. Al proyecto de ley le queda un largo camino legislativo, en el que se puede modificar el texto.
