La despenalización del aborto en México representa un avance significativo, no solo en términos legales para quienes buscan interrumpir un embarazo, sino también en cuanto al acceso a este servicio como un derecho de salud pública. En una entrevista con Francisco Cué, Coordinador de Incidencia en Política Pública en GIRE, para El Financiero, se destacó la importancia de este hito histórico.
No proporcionar servicios de aborto seguro por parte de las instituciones de salud se considera una violación a los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son dos de las principales instituciones federales de salud que operan en la mayoría de los estados de México.
Desde 2007, cuando la Ciudad de México despenalizó el aborto voluntario, estas instituciones de salud estaban impedidas de ofrecer servicios de aborto. Sin embargo, el fallo reciente de la Suprema Corte determinó que los artículos que criminalizaban el aborto en el Código Penal Federal eran inconstitucionales. Como resultado, el Congreso de la Unión reformará la ley de salud para que el aborto sea considerado un servicio básico de salud, lo que obligará a las instituciones de salud del Sistema Nacional a proporcionar este servicio a quienes lo soliciten.
Esta norma también declara inconstitucional la suspensión del ejercicio de su profesión para el personal médico, enfermeras y parteras que realicen un aborto, ya que esto disminuye la disponibilidad de profesionales capacitados dispuestos a llevar a cabo el procedimiento.
Despenalización vs. Legalización del Aborto en México
Es importante comprender la diferencia entre la despenalización y la legalización del aborto. La despenalización implica la reforma del código penal para eliminar la penalización del aborto como delito, mientras que la legalización se refiere a la reforma de la legislación de salud para considerar el aborto como un servicio básico de salud.
Tanto la Suprema Corte como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han instado a dejar de utilizar el derecho penal para determinar quién puede acceder legalmente a un aborto seguro y bajo qué circunstancias.
El fallo de la Suprema Corte ha establecido que los artículos del Código Penal Federal que criminalizan el aborto voluntario son inconstitucionales, lo que obligará al Congreso de la Unión a reformar dicho código para eliminar el delito de aborto voluntario.
La despenalización del aborto a nivel nacional busca abandonar el uso del derecho penal como medio para decidir quién puede acceder a un aborto legal y seguro.
Descriminalización y Despenalización del Aborto
Francisco Cué enfatiza que «la criminalización del aborto no comienza y termina con las mujeres en prisión, comienza desde el momento en que son consideradas sospechosas por haber abortado». La despenalización del aborto aborda la necesidad de reformar el código penal para que no sea considerado un delito, mientras que la descriminalización o despenalización social implica un cambio en la percepción pública, dejando de ver el aborto como una conducta prohibida, independientemente de lo que dicten las leyes.
En este contexto, GIRE aboga por políticas inclusivas que no discriminen y por reformas a la Ley de Salud que respeten los derechos humanos de mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar, independientemente de cómo se identifiquen. La despenalización del aborto es un hito importante en la lucha por los derechos reproductivos y la igualdad de género en México.
Equipo T2S1.
