«O mientes o no te contratan», es la experiencia de Magdalena González desde que está buscando trabajo. «Si dices que tienes esto no continúas en los procesos de selección». Esto, a lo que no pone nombre, es esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica que le acompaña desde 1997. Durante estos 18 años ha ido viendo cómo su salud empeoraba. Cuando le da un brote se pasa el día en la cama. «En esos casos se me paraliza la parte izquierda del cuerpo, ando mal, pierdo la verticalidad y me voy de lado. Mis manos son corchos, no las siento como las sentía antes», cuenta.
Hace cuatro años -en agosto del 2011-, cuando se quedó en paro, comenzó el proceso para solicitar un certificado que reconociese su discapacidad. «Comienzo a moverme cuando cerró la empresa en la que llevaba 20 años trabajando. Allí sabían que tenía esclerosis y no supuso nunca ningún problema». El impacto de esta enfermedad en los afectados varía en cada caso. «En algunas personas, los síntomas aparecen y desaparecen en forma de brotes. En otras, sin embargo, los efectos van surgiendo de forma progresiva «, explican en la Fundación de Esclerosis Mútiple .
Magdalena solicitó el certificado para no tener que mentir en su búsqueda de empleo. Si se lo concedían podía acceder a los puestos que están disponibles para personas con diversidad funcional. En abril del 2012 la Comunidad de Madridrechazó su petición, no le reconocía una discapacidad. Ésta se concede cuando la Consejería de Asuntos Sociales valora la minusvalía con un porcentaje superior o igual al 33%. A la afectada le concedieron un 24%.
Recuerda que en aquel momento padecía, además, una grave incontinencia «solo podía orinar sangre». Le fueron operando para reducir este problema, le han intervenido en tres ocasiones. Algo que no le impidió seguir buscando empleo y continuar reclamando el certificado de discapacidad, a partir de entonces, por la vía judicial.
Rechazo en las empresas al conocer su enfermedad
Ocultando su enfermedad consiguió un puesto de trabajo en una cadena de montaje de vehículos. «Se me caían las lágrimas de dolor haciendo camiones. A causa de la incontinencia y de las primeras operaciones, tenía una infección de vejiga que me destrozaba», reconoce.
Aunque ese empleo era incompatible con su tratamiento: «Me tenía que pinchar interferón una vez cada dos días a una hora determinada. En ese trabajo no podíamos parar ni para ir al baño, ¿cómo le digo al jefe que necesitaba inyectarme la medicación?», al final fue la empresa la que decidió prescindir de ella tras casi un año contando con Magdalena, «casualmente después de saber que estaba reclamando la discapacidad deciden no renovarme el contrato. Eso sí, nadie se atrevió a justificar esta decisión aludiendo a la esclerosis».
Según relata, en estos últimos cuatro años no ha sido la única vez que ha sufrido el portazo de una compañía: «Me sentí muy cómoda en una empresa. De hecho estuve tres días haciendo la formación para empezar a trabajar como comercial». En ese momento decidió desoír el consejo de su entorno que siempre le recomendaba ocultar la enfermedad hasta que no tuviese el carné de discapacidad en la mano. «El último día del curso decidí explicarle al encargado lo que tenía. No me volvió a llamar nunca más, ni para decirme «no vengas'», confiesa.
Magdalena fue sincera aunque no tenía la tarjeta de discapacidad en la mano. Eso sí, tenía una buena noticia, había recibido la sentencia judicial que le daba la razón. Un juzgado de lo social de Madrid reconoció -en julio del año pasado- que sufría una discapacidad. Ella quiso explicarle a su jefe los incentivos económicos y tributarios de los que se podía beneficiar al contratarla: una subvención de 3.907 euros por un contrato a jornada completa o deducciones en el impuesto sobre sociedades.
Sin embargo, el proceso no se terminó el verano pasado, la Comunidad de Madrid decidió recurrir la sentencia y Magdalena ha tenido que esperar hasta este mes de julio para recibir el ansiado carné de discapacidad que le permitirá ser honesta a partir de ahora en los procesos de selección. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso interpuesto por el gobierno regional de Ignacio González.
Durante estos cuatro años en los que ha estado buscando empleo por la misma vía que las personas sin diversidad funcional, Magdalena se ha quedado sin paro y recibe 460 euros de subsidio. Se considera afortunada por haber contado con el apoyo de su marido: «Alguien que viva muy justo económicamente no puede permitirse comenzar un proceso judicial. Yo he pedido algo que me pertenece: igualdad de oportunidades a la hora de buscar trabajo».
Para evitar casos como el de Madgdalena y facilitar que los afectados puedan acceder a puestos de trabajo adaptados, la Federación de Esclerosis Múltiple de España lleva años solicitando al gobierno de turno que se reconozca a todos los enfermos de esclerosis múltiple el 33% de discapacidad en cuanto se les diagnostica esta enfermedad. Un decisión que beneficiaría a las 47.000 personas afectadas por esta patología, según los datos de la asociación española de esclerosis.
