Europa discrimina a las personas ciegas en el etiquetado de los alimentos

Alimentos

¿Jugamos? Diríjanse hacia la cocina y colóquense delante del frigorífico. Antes de abrir su puerta, cubran sus ojos con un pañuelo. Comprueben que no ven nada, absolutamente nada. Ahora sí, abran la puerta de la nevera y cojan cualquier producto, un tetrabrik, una conserva o una bebida, cualquier producto que tenga una presentación igual a otro y que no sea fresco, más fácil de identificar por el tacto. ¿Supieron identificar qué contenía el envase antes de abrirlo? Esta práctica, que no supone ningún inconveniente para personas sin discapacidad visual, deja de ser un juego para aquellas personas que son ciegas o tienen una discapacidad visual grave.

Para dar visibilidad a los problemas con los que se encuentra esta población a la hora de elegir los productos de consumo de primera necesidad, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) puso en marcha antes del pasado verano la campaña ‘Alimentos con su punto’, un sketch en el que participaron el cocinero Sergio Fernández y una persona ciega total, Andrés Ramos. El objetivo: concienciar sobre la importancia de introducir en el envasado de origen de productos de consumo de primera necesidad un etiquetado de braille perfectamente identificativo, que facilite la vida diaria de las personas ciegas o con discapacidad visual grave.

La ausencia del braille de los productos genera una dificultad enorme, limita su autonomía

Mª José Sánchez Lorenzo, jefa del Departamento de Promoción Cultural y Braille (ONCE), explica qué supone para una persona con discapacidad visual grave o ciega enfrentarse a la elección de un producto alimenticio sin que este vaya acompañado de su correspondiente etiquetado braille: “La falta de etiquetado en braille de los productos genera una dificultad enorme, limita la autonomía de las personas ciegas, generando confusiones desagradables e incluso peligrosas, por intolerancias, por ejemplo. Además, la falta de autonomía produce inseguridad y estrés”.

Violación de derechos

Una opinión que coincide con la expuesta por Jesús Martín Blanco, delegado de Derechos Humanos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), para quien la no utilización de etiquetado braille en productos de alimentación “supone una violación de su derecho a la información en condiciones de igualdad, que además entraña riesgos al convertir a estas personas en consumidores vulnerables, siendo imprescindible que los productos que pueden afectar a la salud o a la seguridad de las personas –por razones de toxicidad, alergias o intolerancias, entre otras- estén perfectamente etiquetados en braille. Pero, además, tiene implicaciones en la autonomía personal y vida independiente ya que un ejercicio cotidiano, como ir a la compra, se convierte en una carrera de obstáculos para una persona ciega”.

Con los medicamentos también hubo muchos obstáculos y al final se superaron, esto debería ser igual

Desde los distintos organismos de apoyo al colectivo de personas con este tipo de discapacidad, se trabaja para lograr una ley como la Ley Europea, aprobada en 2006, que instó a la industria farmacéutica a incorporar el braille en el etiquetado de los medicamentos. Sánchez Lorenzo apunta que la dificultad para aplicar esta misma pauta en la industria alimentaria se debe a que “desafortunadamente, los legisladores no han tomado conciencia de la importancia de garantizar el derecho a la información que tenemos las personas ciegas.

Necesitamos que se reconozca el derecho de acceso a la información como se reconoce para todos los consumidores. En el medicamento fueron muchos los obstáculos y se superaron, al igual que podrá hacerse cuando llegue el momento en la industria del etiquetado. Prueba de ello es que ya hay marcas que incluyen el etiquetado en braille como diseño en su producto”.

Un derecho, el de garantizar la información que tienen las personas ciegas, que según Martín Blanco está directamente relacionado con el hecho de que, en su opinión, “la accesibilidad universal es el gran fracaso de las políticas públicas de nuestro país afectando a esferas claves como el consumo”. Y mantiene que “la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España y de obligado cumplimiento, ya debería haber tenido un impacto positivo en el etiquetado braille de los bienes y productos, dado que este tratado también obliga a las propias empresas. Sin embargo, además de seguir siendo un target desdibujado para el tejido empresarial, los Estados siguen sin asumir, en muchos casos como este, su responsabilidad de hacer efectivos los derechos y las libertades de la ciudadanía con discapacidad”.

Los invidentes tienen difícil identificar los alérgenos en los alimentos.

 

En agosto de 2018, CERMI solicitó al Defensor del Pueblo que, tras acreditar esta vulneración de derechos de las personas con discapacidad visual, instase al Gobierno a través del ministerio responsable de Consumo a aprobar unas condiciones básicas normativas sobre etiquetado braille de productos de consumo masivo, así como de productos potencialmente peligrosos para los usuarios. Martín Blanco afirma que a raíz de esta solicitud, el Defensor del Pueblo pidió información al departamento competente en esta materia, en este caso el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y “que si bien se muestra favorable respecto de la conveniencia de impulsar medidas encaminadas a abordar una regulación del etiquetado braille de productos de primera necesidad, sin embargo, no se señalan qué medidas concretas podrían adoptarse al respecto”.

Algo tan simple es imposible. (iStock)
Algo tan simple es imposible. (iStock)

Recientemente, el PSOE y PP presentaron en el Congreso dos proposiciones no de ley para regular el etiquetado en braille en los productos que se consideren de ‘consumo masivo’ y de los que sean ‘potencialmente peligrosos’. Martín Blanco insiste en que “los derechos de las personas con discapacidad deben quedar recogidos y fortalecidos en leyes, ya que las proposiciones no de ley son una figura de interpelación parlamentaria al Gobierno que carece de un carácter vinculante. Por lo tanto, una cuestión que impacta en la salud, la autonomía y el bienestar de las personas debe tener su reflejo normativo para que en este caso las personas ciegas dispongan de un texto que les ampare de cara a buscar reparación en la justicia”.

Mientras tanto, desde la ONCE, su jefa del Departamento de Promoción Cultural y Braille afirma que si bien desde la puesta en marcha de la campaña, algunas empresas se han interesado por conocer de cerca las características del etiquetado en braille, “desafortunadamente han sido más las reacciones del público, en general, que de la industria”. Por ello, asegura que “seguiremos visibilizando nuestras necesidades como corresponde a algo tan importante”. Y reitera que “la Administración ha de reconocer el derecho a la información a través del etiquetado en braille, de forma contundente, como solo puede ser a través de la legislación”.

 

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