MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
La psicóloga Susana Martorell informó hoy durante su ponencia “Trastornos Mentales asociados al síndrome de Down”, enmarcada en el II Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de Down, de que alrededor del 50% de las personas con discapacidad intelectual tienen además un problema añadido de salud mental.
Según la experta, esto es debido a que, aunque los factores de vulnerabilidad para que aparezcan problemas de salud mental son comunes a todas las personas (sentirse inferior a los demás, haber sufrido abusos, etc), “tener una discapacidad intelectual, incrementa el riesgo de reunir estos factores”.
Sin embargo, Martorell declaró que la discapacidad intelectual tiene un “efecto eclipsador”, es decir, “cualquier síntoma que la persona manifiesta es atribuido a su discapacidad”. Además, “las enfermedades mentales se manifiestan de forma diferente en las personas con discapacidad intelectual, por lo que es más difícil establecer un diagnóstico”, añadió.
En este sentido, la psicóloga denunció la falta de atención que reciben estos pacientes al producirse el síndrome de “puerta giratoria”, es decir la persona es derivada de un servicio público a otro, sin llegar a ser admitido por ninguno.
Por otra parte, otro problema al que se enfrentan estas personas y sus familias es el hecho de que los humanos percibimos la magnitud de los hechos y acontecimientos “en función del contexto en el que aparecen”.
“Por tanto, cuando aparece un problema de salud mental en una persona con discapacidad intelectual, se desvirtúa la magnitud de la enfermedad debido a la situación previa de la persona”, alertó.
Sin embargo, la experta señaló que “estas personas tienen el mismo derecho que aquellas que no tienen discapacidad intelectual a recibir un tratamiento, por una cuestión de derechos humanos, y porque está demostrado científicamente que el problema de salud mental sí afecta a la persona, y a su familia”.
En este sentido, el doctor en Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid Pedro Gutiérrez desarrolló esta idea recordando que el reciente proceso de desinstitucionalización ha obligado a los familiares a asumir la responsabilidad del cuidado de las personas con discapacidad intelectual. “Ha sido un cambio positivo, pero no al 100% ya que las familias, normalmente las madres, reciben una responsabilidad añadida”.
Así, las familias están sometidas a una “carga” que no es negativa en todos sus aspectos, pero sí implica una serie de consecuencias derivadas de cuidar a otra persona. “Este impacto puede evaluarse según la familia perciba cambios asociados a la ayuda en actividades de la vida cotidiana; los gastos económicos; la contención de comportamientos alterados; cambios en la rutina del cuidador; motivos de preocupación, y repercusiones en la salud de los cuidadores.
El experto señaló que el concepto de “carga” se divide en “carga objetiva” y “carga subjetiva”, dependiendo de si las consecuencias que sufre la familia derivan de un hecho objetivo o de las emociones que se desprenden de cómo la persona percibe el hecho.
Así, explicó que, según sus investigaciones, “la carga de cuidadores de personas con diagnóstico dual (personas que tienen discapacidad intelectual y enfermedad mental) es significativamente mayor que la carga de los cuidadores de las personas que sólo reúnen una de estas condiciones ya que perciben la aparición del problema de salud mental como “otro problema más” a una situación previamente delicada.
