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Una sentencia conocida la semana pasada ha reconocido a M., un joven con s\u00edndrome de Down, el derecho a votar en las elecciones, a casarse con la persona que elija, a otorgar testamento y a disponer, de manera aut\u00f3noma y libre, de los 500 euros que gana trabajando en una cafeter\u00eda de San Sebasti\u00e1n y, los fines de semana, en el estadio de Anoeta. \u00bfCu\u00e1l es la novedad de este tipo de fallos que empiezan a dictar los jueces? \u00bfEs que las personas con alg\u00fan tipo de discapacidad no pueden ejercer tan elementales derechos? Para nuestra perplejidad, la respuesta es s\u00ed. No pueden.<\/p>\n
La realidad es que una parte sustancial de las personas con discapacidad intelectual ha sido incapacitada de forma total para ejercer sus derechos civiles. Para algunas de ellas, puede ser la soluci\u00f3n m\u00e1s adecuada. Para otras, como en el caso del joven M., no.<\/p>\n
\u00abLa incapacitaci\u00f3n intenta ser siempre una medida de protecci\u00f3n de los padres para evitar abusos cuando ellos no est\u00e9n\u00bb, apunta Resu Casanova, coordinadora de la Fundaci\u00f3n S\u00edndrome de Down en el Pa\u00eds Vasco. De hecho, son los propios padres quienes deben acudir al juzgado para presentar \u00abuna demanda de incapacitaci\u00f3n\u00bb frente a sus hijos, que, entre otras cuestiones, prorrogue o rehabilite la patria potestad de los padres, es decir que prolongue su responsabilidades como padres despu\u00e9s de la mayor\u00eda de edad de sus descendientes, despu\u00e9s de su emancipaci\u00f3n legal.<\/p>\n
\u00abEn nuestro Derecho rige el principio de plena capacidad siendo el juez quien debe acordar la incapacitaci\u00f3n\u00bb, explica Kepa Ayerra, abogado de familia. \u00abEl juez tiene la posibilidad de, seg\u00fan cada caso concreto, decretar la incapacidad total o parcial debiendo ce\u00f1irse la incapacitaci\u00f3n exclusivamente a aquellos \u00e1mbitos o esferas de la actividad de la persona que, efectivamente, se vean afectadas por los efectos de la enfermedad o deficiencia, y en los que es necesaria la protecci\u00f3n\u00bb, precisa este abogado de familia.<\/p>\n
Ayerra asegura que \u00abuna de las situaciones de mayor desconcierto\u00bb a la que se enfrentan los padres de hijos con deficiencias es el momento en que deben acudir ante un juez para iniciar un procedimiento de incapacitaci\u00f3n\u00bb. Se trata de un procedimiento judicial, con letrado y procurador, en el que se debe demandar al propio hijo y en el que se va a enjuiciar, no solo su capacidad de obrar, sino la propia capacidad paterna de ostentar la patria potestad, de ser padre. La demanda se realiza bien a trav\u00e9s de un abogado, bien recabando la colaboraci\u00f3n de la Fiscal\u00eda, un m\u00e9todo gratuito y que, en algunas ocasiones, puede generar problemas porque no asegura los t\u00e9rminos en que se dictar\u00e1 la incapacidad.<\/p>\n
En el procedimiento se realizan tres pruebas obligatorias: un examen m\u00e9dico-forense, un interrogatorio del juez a la persona para quien se demanda la incapacidad (y que sirve al magistrado para formarse una opini\u00f3n del caso), y una audiencia a los parientes m\u00e1s pr\u00f3ximos en la que estos ofrecen su testimonio sobre las capacidades, la vida diaria y la situaci\u00f3n de su familiar deficiente.<\/p>\n
El juzgado comunica la demanda al presunto incapaz quien tiene la posibilidad de recurrirla. Pi\u00e9nsese, por ejemplo, en una persona de edad avanzada para quien un familiar (de forma taimada) promueve una demanda de incapacitaci\u00f3n. El demandado puede as\u00ed defenderse en el proceso. Seg\u00fan la encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, en Espa\u00f1a hay 3,5 millones de personas con alguna discapacidad, un 9% de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n
Lo que convierte la sentencia de Guip\u00fazcoa en una de las pioneras de las dictadas en Espa\u00f1a en esta materia es el hecho de que el Ministerio Fiscal haya recurrido el propio fallo de un Juzgado de Primera Instancia en el que se declaraba al joven \u00abtotalmente incapaz para gobernarse por s\u00ed mismo, debi\u00e9ndose rehabilitar la patria potestad\u00bb en favor de los padres.<\/p>\n
La vida diaria de M.<\/p>\n
En el informe m\u00e9dico forense, que se ha incorporado al sumario, se reconoce que el joven acude a su trabajo sin precisar compa\u00f1\u00eda, que es perfectamente capaz de viajar en tren, de desplazarse \u00absolo\u00bb sin perderse, \u00abque tiene amigos y sale con ellos\u00bb y que disfruta junto a su cuadrilla de un local donde \u00abescuchan m\u00fasica\u00bb. El joven participa tambi\u00e9n en un grupo de teatro integrado por personas con discapacidad que ha representado obras en centros culturales de Guip\u00fazcoa.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se se\u00f1ala que es capaz de manejar peque\u00f1as cantidades de dinero que obtiene de un cajero autom\u00e1tico, que se compra ropa y juegos con esas sumas y \u00abque progresa en su autonom\u00eda\u00bb. Hasta hace cuatro a\u00f1os, el joven trabajaba en un centro ocupacional. Desde entonces desarrolla diversas tareas en la hosteler\u00eda, en locales de la capital guipuzcoana. Seg\u00fan el testimonio de su hermana, \u00abahora tiene un nivel de autonom\u00eda mayor, una declaraci\u00f3n de incapacidad total ser\u00eda negativa ya que cortar\u00eda su progresi\u00f3n… No precisa de que alguien decida por \u00e9l, solo necesita que alguien le explique las cosas\u00bb.<\/p>\n
Una vida normal<\/p>\n
La sentencia de incapacitaci\u00f3n de M. establece, como medida protectora, que debe ser el juez quien autorice, entre otras, decisiones como internar al deficiente en establecimientos de salud mental, alquilar o vender inmuebles y \u00abobjetos preciosos\u00bb, hacer \u00abgastos extraordinarios en los bienes\u00bb o dar y tomar dinero a pr\u00e9stamo.<\/p>\n
\u00abHay sentencias muy restrictivas que m\u00e1s que protege<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"