Aun cuando en el estado de México hay unas 83 mil 369 personas con limitaciones auditivas, y en Toluca son más de dos mil, no existe personal docente especializado, ni calificado en el tema. Tampoco hay planteles equipados con elementos, materiales, espacios físicos adecuados para atender a las personas sordas, ni intérpretes del lenguaje de señas en edificios públicos.
La bancada del PAN propuso reformas a la Ley de Educación del Estado de México y a la Ley para Combatir y Eliminar Actos de Discriminación de la entidad para señalar como asignatura obligatoria en el nivel básico la enseñanza del lenguaje de señas, con el objetivo de propiciar su universalidad de; a fin de permitir y garantizar la inclusión y la comunicación que faciliten incorporarlos.
De acuerdo con las cifras de INEGI, de las más de 689 mil personas que en el Estado de México tienen alguna discapacidad, el 12.1 por ciento registra una limitación auditiva, y tan solo en Toluca existen más de 24 mil personas con alguna discapacidad, y de ellas, más de dos mil personas tienen una discapacidad auditiva.
La propuesta del diputado Gerardo Pliego incluye que se destinen recursos para la creación de una escuela de maestros, donde se capacite a docentes en el lenguaje de señas, pero también señalar como obligatorio que todos los edificios públicos cuenten con intérpretes del lenguaje de señas para apoyar a personas con problemas auditivos.
Advirtió que en México se ha brindado poca atención a la comunidad sorda, es decir, de problemas con el sentido del oído, por razón de nacimiento, enfermedad o accidente; pero sobre todo, pues no existen políticas públicas integrales.
«Cotidianamente son objeto de discriminación en las niñas, niños y jóvenes prevalece la violencia en su persona, la burla, el aislamiento y el constante riesgo de ser marginados; elementos de discriminación que fracturan toda posibilidad de inclusión y desarrollo», afirmó.
La iniciativa, dijo, busca la inclusión universal e igualdad educativa, y garantizar el cumplimiento del artículo tercero constitucional para asegurar el acceso universal a escuelas bien equipadas, que los alumnos permanezcan en las aulas, adquieran una formación integral y aprendizaje.
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