El Síndic de Greuges le mostró a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas su inquietud por la situación de las plazas residenciales, ya que no existe ninguna vía por la que se aclare en qué punto se hallan aquellos que han solicitado un puesto público. Por tal circunstancia, José Cholbi insta al departamento que encabeza Mónica Oltra a desarrollar «un sistema de información que permita en cada momento conocer el número de plazas disponibles en cada centro residencial y la prevalencia de cada usuario y sus circunstancias».
El caso de una dependiente que lleva años esperando un centro ha puesto en sobre aviso al Síndic valenciano. Una mujer advertía de que su hija de 22 años, con parálisis cerebral valorada en Grado 2 y nivel 2 de dependencia, llevaba cautro esperando una plaza. La joven era todavía menor de edad cuando rellenaron la solicitud para obtenerlaLas circunstancias en su casa indicaban que era lo mejor opción.
El reconocimiento para incorporarse al sistema de dependencia le llegó a la entonces adolescente el 30 de julio de 2009, mientras que mediante una resolución fechada cerca de un año después se aprobó su Programa Individual de Atención y se le concedió, de un modo excepcional, «una prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales». Los meses pasaban sin obtener la plaza. Los familiares de la chica consideran que a día de hoy debería tenerla, pues saben que otras personas han entrado.
En concreto, en el centro ocupacional donde pidió ingresar la usuaria accedió otra persona el 21 de mayo de 2014, también con Grado 2 y nivel 2, sin que haya vacantes desde entonces. La normativa indica que debe de acceder quien tenga el mayor grado y nivel de dependencia. En caso de ser idénticos, como sucede, «se prioriza el que tenga mayor puntuación».
El Síndic, además, dio la oportunidad a la promotora de ofrecer su versión ante la queja recibida, «si así lo consideraba oportuno», presentando alegaciones, pero desde entonces no tienen «constancia de que dicho trámite haya sido verificado».
Por su parte, la conselleria indicó al Síndic que existen «37 peticiones pendientes de ingreso» y que la reclamante se encuentra entre «las cinco primeras de la lista de espera». Con todo ello, la institución no observa «actuaciones públicas que vulneren los derechos constitucionales y/o estatutarios del interesado». Aunque sí desarrollaron «algunas consideraciones ante este problema que no es excepcional y ocasiona numerosos problemas en el seno de muchas familias de la Comunitat», lamentan.
El Síndic ve razonable «que la administración priorice los trámites para los ingresos en las residencias o en los centros ocupacionales» en casos de gente como la joven y que los «califique de urgencia» en los de «personas valoradas de dependencia y de las personas tuteladas» por la Generalitat. Asimismo, entiende que por criterios profesionales se adelanten algunos en las listas de espera, «pero en ese caso habrá que detallar y explicar los motivos».
Cholbi considera que Igualdad y Políticas Inclusivas debería detallar todavía más la situación de la joven, puesto que el tiempo «en conseguir una plaza puede variar en años de estar la primera a estar la tercera o la quinta», destacó.
Con ello pide al Consell un sistema que sea más concreto que describa con exactitud su situación a los solicitantes y, al mismo tiempo, que se aumente la financiación para «que se amplíen los recursos sociales destinados a estos colectivos evitando las listas de espera» de tantos años. Además, insta a Igualdad «a que, en el plazo máximo de un mes» informe de si admite la recomendación o explique «las razones que estime para no aceptarla».
La asociación de residencias Aerte mostró a este periódico su satisfacción ante la petición realizada por el Síndic, al también opinar que resulta «fundamental aplicar la máxima transparencia posible en la adjudicación de plazas» y, por tanto, consideran necesario «un instrumento que se desarrolle a través de un continuo seguimiento de modo que la información esté actualizada y sea publicada». Así se podría consultar aspectos como: «en qué punto está el expediente» de los solicitantes o «tener acceso a la lista de espera por centros» de modo que se pueda «conocer cuántas personas hay por delante de un expediente, así como el tiempo estimado en acceder al recurso». Aerte también cree necesario conocer las necesidades de cada usuario «de modo que la asignación de plazas y recursos sea más óptima y coordinada, y se adecue mejor a las necesidades concretas», de cada persona.
