El derecho al voto, hasta 2006, estaba restringido en el mismo momento en el que un juez determinaba a la persona su discapacidad mental. Era el propio discapacitado el que debía recurrir la decisión judicial para recuperar su derecho recogido en la Carta Magna. Según explica el notario Ramón Corral, hasta 2006, la declaración jurídica de incapacidad iba unida a la incapacidad para ejercer el derecho al voto.

La Convención de 2006

¿Qué pasa en 2006? Es en ese año cuando la ONU aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un documento en el que se especifican y ratifican todos los derechos y libertades de los discapacitados, entre ellos, el derecho al voto. Supone un cambio en la definición de las personas discapacitadas a nivel internacional,así como una obligación para los Estados que lo firman (entre ellos, España) de hacer cumplir sus 50 artículos.

Gracias a este documento, todo discapacitado puede ejercer su derecho al voto. Sólo en casos excepcionales se podría anular ese derecho.

“A partir de este documento se establece que todas las personas discapacitadas tienen capacidad jurídica y que esta debe ser ejercida con ayuda, apoyos y refuerzos”, explica Corral, involucrado en las fundaciones Aequitas, Tuya y la ONG Aprocor, que lucha por los derechos de los discapacitados.

Los salvaguardas

Ese apoyo y ese refuerzo lo ejercen los salvaguardas, una figura que debe ayudar a la persona de una forma proporcional y adaptada a las circunstancias, durante un corto periodo de tiempo y que se revisará periódicamente. El objetivo es que sea independiente y sólo necesite apoyos puntuales para asuntos específicos como trámites burocráticos, pedir préstamos o el propio derecho al  voto.

El documento internacional no deja tema por tratar y hasta establece que el Estado debe respetar la libertad para decidir el número de hijos y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro; el derecho a serpropietario y heredar bienes; y la participación en procedimientos judiciales. Incluso,  reafirma la libertad para elegir nacionalidad y residencia.

El documento internacional establece que el Estado debe respetar la libertad para decidir el número de hijos y el tiempo que debe trascurrir entre un nacimiento y otro

España ha firmado y ratificado la Convención y está publicada en el BOE desde 2008. El Gobierno quiere modificar ahora su Código Civily recoger esos derechos; hasta entonces todo seguirá igual que antes de 2006. Las asociaciones involucradas han enviados sus recomendaciones para esa modificación normativa, que esperan que llegue a lo largo de esta legislatura, tras la promesa incumplida de hacerlo hace cuatro años.

En el documento de la ONU no se habla de obligaciones porque las personas discapacitadas siempre han tenido las mismas que el resto de los ciudadanos, a pesar de no tener los mismos derechos. “No conozco a nadie que haya evadido impuestos; tienen bonificaciones, eso sí, pero como cualquier otra persona en una situación especial”, declara este jurista, que también explica que su discapacidad puede considerarse un atenuante en caso de delito.

Con la esperanza de que en esta legislatura los derechos de las personas discapacitadas sean reconocidos y plasmados en el Código Civil, el nombramiento de Ángela Bachiller ha sido, cuanto menos, notorio. La lentitud de los trámites en las leyes sigue quedando patente, pero el camino hacia la integración es, quizá, algo más rápido. Para Corral, el problema para la normalización de los derechos de los discapacitados “siempre ha estado en la sociedad, no en ellos”.
Fuente: Elconfidencial.com