Las parejas formadas por personas ciegas y sordas ya no necesitarán un informe médico para contraer matrimonio. Esta exigencia aparentemente disparatada se había establecido hace un par de años en el Código Civil e iba a reclamarse a partir del 30 de junio para todos los contrayentes que presentaran tales discapacidades. Pero el Congreso de los Diputados acaba de anularla.
En concreto, ha sido la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso la que ha aprobado por unanimidad la proposición legislativa del PP para modificar la Ley de Jurisdicción Voluntaria con el propósito de restringir a casos “muy excepcionales” el informe médico requerido a personas sordas y ciegas para poder casarse. La oposición estimaba “urgente y necesaria” acometer esta reforma para deshacer la “chapuza” que supuso la introducción por el Gobierno del PP de cambios en el artículo 56 del Código Civil para reclamar a las personas con discapacidad sensorial un dictamen médico para contraer matrimonio.
La polémica modificación fue aprobada el 2 de julio de 2015 y fijaba, en relación al matrimonio, que «si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento». Así, la norma metía en el mismo saco a las personas por discapacidades mentales, intelectuales y sensoriales y no se les presumía aptitud suficiente para prestar el consentimiento matrimonial, de forma que quedaba en manos de un médico el dictamen correspondiente que acreditase o descartase la presencia de esta aptitud en el contrayente.
Ya entonces se consideró un error esta modificación. Así, la nueva redacción aprobada determina que “solo en el caso excepcional” de que alguno de los contrayentes tenga “una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial” se recabará el mencionado dictamen médico.
Testamento, con testigos
a Comisión ha rechazado, por otra parte, las enmiendas defendidas por ERC, PNV y PDeCATorientadas a que las personas con discapacidad sensorial no necesiten la presencia de testigos para otorgar testamento o escrituras públicas ante notario para preservar su intimidad. Los defensores de estas enmiendas consideran que esta tutela representa un obstáculo para alcanzar la plena igualdad en esta materia y permitiría superar la visión «paternalista y proteccionista» de la legislación vigente.
No obstante, todos los grupos parlamentarios han mostrado su disposición a trabajar en un proyecto de ley de modificación de los artículos necesarios del Código Civil para adaptarlo a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En cuanto a las reacciones políticas, el diputado popular Ignacio Tremiño defendió esta iniciativa afirmando que con ella se “pone fin a una discriminación histórica” y que la misma se enmarca en el compromiso de su grupo con este colectivo, ya que señaló que el Partido Popular “fue el primer partido que confió en las personas con discapacidad para puestos de responsabilidad”.
Es urgente terminar de tramitar la modificación, pues en apenas un mes se exigirá el requisito a los contrayentes
Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Marcial Gómez Balsera, dio la bienvenida a la “rectificación del Gobierno” y subrayó el apoyo de su formación política a la medida popular. Sin embargo, pidió “repensar los procesos de incapacidad” y reclamó la comparecencia de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Las otras discapacidades
El diputado de Podemos, Jaume Moya Matas, mostró su satisfacción por corregir lo que definió como “chapuza de la anterior legislatura” y reclamó abordar también “los supuestos de personas con discapacidad intelectual”, que sí precisarán del correspondiente dictamen médico para contraer matrimonio.
Desde el PSOE, el diputado Joan Ruiz i Carbonell, preguntó al PP porqué da “marcha atrás”, pero alabó su “rectificación” y poder contribuir a que un sector de la sociedad “no se sienta humillado por el PP y se sientan más felices”. Los socialistas anunciaron que “presentarán enmiendas para recuperar el tiempo perdido”.
A partir de ahora se pone en marcha una tramitación parlamentaria que debe realizarse con suma celeridad, ya que la reforma del Código Penal aprobada en el citado mes de julio de 2015 entrará en vigor en apenas un mes.
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