México ha signado la mayoría de tratados internacionales en materia de protección a derechos humanos y el gobierno se empeña en hacérnoslo creer.
Sin embargo, la Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal poco han hecho por los usuarios que tienen alguna capacidad diferente, me refiero a los sordos y a los ciegos, los cuales deben contratar un intérprete o esperar que un familiar o persona los apadrine para ejercer sus libertades, sin ello su derecho de acceso inclusivo a la justicia es denegado, dado que muchos de los letreros o mensajes públicos no están escritos en lenguaje para ciegos o sordos, siendo reitera la violación a la dignidad de ese sector vulnerable. Incluso en varias partes de la República mexicana hay problemas de acceso a servicios públicos.
En el ámbito educativo la Secretaría de Educación Pública debe vigilar con más detalle que el derecho humano a una educación inclusiva se cumpla eficazmente en universidades públicas o privadas, en efecto, son pocos los exámenes de admisión idóneos para ciegos o sordos y su aplicación muchas veces queda en alguien que improvisadamente lee las preguntas al ciego o permite el acceso a un familiar del sordo para que medianamente traduzca un examen con tecnicismos que difícilmente encuentran significado en señas, siendo ese el problema más agudo, pues las medidas a favor del sordo en niveles de educación superior son deplorables o inexistentes, por ende, México poner más atención en el acceso inclusivo a la justicia y a la educación de ciegos y sordos.
Hace algún tiempo el Instituto para la Protección de los Derechos Humanos promovió amparo para reclamar atentados a la educación inclusiva de sordos por parte de universidades que no tienen infraestructura adecuada, no obstante, el amparo se perdió porque el Juez consideró que habían cesado los actos reclamados al haberse emitido otra convocatoria de ingreso universitario; y ello es congruente a la actividad ordinaria e indiferente de los juzgados donde no existe personal capacitado para atender cabalmente a un sordo; lo curioso es que a un extranjero lo atiende un perito poliglota y ¿al sordo? ¿Nadie? ¿Acaso el Poder Judicial Federal no tiene presupuesto para contratar intérpretes de señas? ¿Qué pasa con las instancias encargadas de advertir ese tipo de violación como son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos-CNDH y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad-CONADIS? ¿No tienen presupuesto para analizar esos temas o no son enérgicas y nadie les hace caso o será que por cuestión de competencia se hacen de la vista gorda y por consecuencia avalan la violación a derechos humanos? ¿No creo que eso sea posible en nuestro país o sí?
Necesitamos mayor honestidad social y gubernamental para atender temas elementales en nuestro desarrollo y derecho a conocer la verdad.
¿Necesitamos mayor voluntad creativa y respeto social a nuestros derechos y libertades, de lo contrario un país en bajada ahora irá en picada? La sociedad está cansada de la cara amable de la ayuda aparente. Hagamos conciencia y dejemos de ser indiferentes.
